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"La improvisaci贸n sigue siendo lo m谩s destacado de las decisiones que adopta el Gobierno central"



馃憠Fedeto analiza el nuevo decreto de medidas sobre el empleo para amortiguar la imparable ca铆da econ贸mica, empresarial y laboral


Resumir un conjunto de medidas improvisadas y puramente electoralistas que se quieren revestir de legalidad amparada en la justicia social es dif铆cil, m谩xime si, desde un punto de vista pr谩ctico y t茅cnico carecen de transcendencia respecto a lo ya existente

Lo que dice el decreto es lo siguiente:
  1. Las causas de FUERZA MAYOR y ECON脫MICAS, T脡CNICAS, ORGANIZATIVAS O DE PRODUCCI脫N no son justificativas de la extinci贸n del contrato de trabajo ni del despido. Sin embargo, no impide el despido, m谩s bien lo que implica es que sea indemnizado como un despido improcedente.
  2. Desempleo:
    1. Solicitud colectiva presentada por la empresa en representaci贸n de las personas trabajadoras.
    2. Tr谩mite en el plazo de 5 d铆as desde la solicitud del ERTE FUERZA MAYOR o desde la notificaci贸n de la decisi贸n final en el caso de ERTE ECON脫MICAS, T脡CNICAS, ORGANIZATIVAS O DE PRODUCCI脫N. Las presentadas con anterioridad: plazo de 5 d铆as desde la fecha de entrada en vigor.
  3. Contratos temporales: suspensi贸n por FUERZA MAYOR o ECON脫MICAS, T脡CNICAS, ORGANIZATIVAS O DE PRODUCCI脫N supone la interrupci贸n de su duraci贸n.
  4. Duraci贸n del ERTE FUERZA MAYOR = Estado de Alarma + pr贸rrogas.
  5. Sancionables:
    1. Las falsedades o incorrecciones en los datos facilitados
    2. Las medidas no necesarias o sin conexi贸n suficiente con la causa que las origina.
  6. Consecuencias: ingreso de las cantidades percibidas por la persona trabajadora, deduci茅ndolas de los salarios dejados de percibir que hubieran correspondido, con el l铆mite de la suma de tales salarios.
De un primer an谩lisis se deduce la parcialidad e improvisaci贸n del gobierno al adoptar sus medidas. Una parcialidad que con apariencia de legalidad sobrepasa, sin duda sus prerrogativas constitucionales al amparo de un decreto que establece un estado de alarma y que ni 茅l mismo parece haber valorado sus consecuencias o posibles inaplicaciones.

Si el gobierno quisiera ser justo y estar respaldado por la legalidad constitucional que, exige la proporcionalidad para adoptar medidas excepcional铆simas con el pretendido objeto de mantener el empleo, deber铆a de haber actuado de otra forma.

Si adopta la medida de prohibir los despidos, deber铆a haber adoptado, al mismo tiempo, medidas excepcionales para que las consecuencias de esa prohibici贸n no afectaran ni a las empresas ni a la econom铆a en general. . Es m谩s, de la lectura del propio texto, en realidad no impide el despido, m谩s bien lo que implica es que este, si se produce por las causas expuestas, sea indemnizado como un despido improcedente. Es decir, no impide el despido, le pone precio.

Una medida como la adoptada por el consejo de ministros en el d铆a de ayer, s贸lo tendr铆a sentido si el gobierno decretara que, durante el tiempo que dure su implantaci贸n, se “proh铆be” que las empresas coticen y paguen impuestos los impuestos que tendr谩n que soportar, asumiendo el gobierno el 100% del salario de los trabajadores a los que afecta.

Si no, con lo que nos encontramos es ante una medida que, a todas luces, sobrepasa las potestades que el estado de alarma otorga al gobierno y la medida se convierte en un abuso de poder que roza lo inconstitucional y por tanto lo injusto.

Las empresas no desean despedir. Lo hacen s贸lo si es necesario hacerlo. Desde que se decret贸 el estado de alarma FEDETO ha propuesto medidas para evitar la destrucci贸n de empresas y empleo. El resultado, dos semanas despu茅s es que no se ha adoptado medida alguna en este sentido. Lo que se hizo ayer por el gobierno es una medida populista que pretende decir una cosas que va a provocar la contraria: m谩s paro y destrucci贸n de empresas.

Como ejemplo de lo anterior, que no 煤nico ejemplo, es el r茅gimen sancionador y reintegro de prestaciones indebidas, previsto en la Disposici贸n Adicional segunda, o la revisi贸n de las causas de los ERTES por la Inspecci贸n de Trabajo, prevista en la Disposici贸n adicional cuarta. Estas disposiciones pueden crear indefensi贸n adem谩s de poder vulnerar principios b谩sicos que nos regulan y dan seguridad jur铆dica, provocando una situaci贸n de indeterminaci贸n y zozobra que provoca un empeoramiento, si es que esto es posible en estos momentos, de las relaciones laborales y del emprendimiento empresarial.

Efectivamente, si el RD entre en vigor hoy, ¿qu茅 sanciones o reintegros puede acordarse sobre los ERTES que est谩n tramit谩ndose con anterioridad?, ¿d贸nde dejamos el principio de irretroactividad de las normas, m谩xime en su vertiente sancionadora.

Parece hasta humor铆stico que se pretendan revisar las causas de los ERTES de fuerza mayor principalmente, cuando precisamente dichos ERTE est谩n sometido a la constataci贸n por parte Autoridad Laboral, previo informe (si se solicita) de la ITSS, de la existencia de la causa de fuerza mayor. Dicha revisi贸n, salvo fraude, dolo o coacci贸n por parte de la empresa solicitante, ser铆a una enmienda a la totalidad a la actuaci贸n de la Autoridad Laboral y de la ITSS, pero nunca a la de las empresas.

En resumen, nos encontramos ante un cap铆tulo m谩s de la mala improvisaci贸n de un gobierno que cada paso que da, entorpece y dificulta m谩s el estado actual y futuro de nuestro tejido empresarial.

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