El anteproyecto de la Ley del Juego de Castilla-La Mancha se somete a consulta pública

👉Cualquier ciudadano, organización y asociación puede hacer llegar sus aportaciones al respecto desde hoy hasta el próximo 28 de marzo, a través del correo electrónico dgtributos@jccm.es

La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas somete a consulta pública previa la elaboración del anteproyecto de Ley que regulará la actividad del juego en Castilla-La Mancha desde hoy hasta el próximo 28 de marzo, un periodo en el que cualquier ciudadano, organización y asociación que lo considere puede hacer llegar sus aportaciones al respecto.

Tal como se indica en esta consulta pública previa, a la que se puede acceder desde la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o a través del Portal de Transparencia, cualquier observación puede ser remitida en el plazo de 20 días naturales al correo electrónico dgtributos@jccm.es.

La actual Ley del Juego de Castilla-La Mancha, que fue aprobada en el año 2013, ha facilitado la proliferación de los establecimientos de juego en la región, lo que ha generado en los últimos años una creciente preocupación social por la repercusión negativa que esta actividad puede generar en determinados colectivos, como menores de edad o personas con problemas de adicción.

El Gobierno de Castilla-La Mancha pretende aprobar una nueva legislación sobre la materia, atendiendo la demanda social que reclama un mayor nivel de protección de los grupos más vulnerables ante la actividad del juego, articulando para ello un conjunto de instrumentos que ordene el sector, permitiendo que el ejercicio de esta actividad sea moderado, proporcionado y responsable.

De esta forma, la futura normativa regional sobre juego tratará de corregir las externalidades negativas que la actividad del juego genera en la sociedad, poniendo el énfasis en la prevención, en el fomento del juego responsable y en la inspección y control del sector.

Por lo tanto, el desarrollo mucho más controlado del sector, adecuando la oferta a la demanda; el impulso a las políticas de juego responsable, reduciendo los efectos negativos de su práctica o de su publicidad; la protección a los colectivos más vulnerables, como menores de edad y personas con problemas de adicción, y una mayor actividad de inspección y control en el sector del juego son los objetivos básicos que fija el Ejecutivo autonómico para las políticas públicas que deben regir esta materia.