CCOO y Aidiscam, en la lucha por los derechos laborales de las personas con discapacidad

➤A las dificultades del acceso al trabajo público y privado se añade ahora una “grave preocupación por los posibles efectos sobre las trabajadoras y trabajadores con discapacidad y enfermos crónicos del aval del Tribunal Constitucional al artículo 52.D del Estatuto de los Trabajadores” (el ‘despido por enfermar’)

El secretario general de CCOO-Toledo y el presidente de la AIDISCAM-Toledo, Javier Payo, han suscrito esta mañana un compromiso para trabajar juntos en la defensa de los derechos laboral de las personas con discapacidad y para remover los obstáculos que dificultan su acceso al empleo, tanto público como privado.

Ambos responsables se han reunido hoy, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, para abordar los problemas en materia de empleo que tiene que afrontar el colectivo todos los días, “a los que ahora se añade la preocupación por los posibles efectos sobre las trabajadoras y trabajadores con dispacidad y sobre las personas con enfermedades crónicas del aval del Tribunal Constitucional al artículo 52.D del Estatuto de los Trabajadores” (el llamado ‘despido por enfermar’).

“No solo suscribimos el rechazo sindical y la exigencia de la anulación inmediata de este precepto del ET, sino que además nos sentimos ubicados en su exacto punto de mira; este artículo supone una grave amenaza para todas las personas que integran AIDISCAM, y una constante preocupación para ellas y para sus familias”, señaló Payo.

Tanto CCOO como AIDISCAM comparten también la necesidad de luchar juntos “contra la discriminación por discapacidad en el mundo del trabajo”; comenzando por eliminar las disposiciones legales contrarias al principio de igualdad en el acceso al empleo.

El acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad está regulado en España por el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre de 2004, que es fruto de la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2000/78/CE del Consejo UE, de 27 de noviembre de 2000; y que entre otras cuestiones estable la obligación de reservar en las ofertas de empleo público un cupo de las plazas (actualmente el 7%) a las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, obligación que extiende también a las convocatorias de selección de personal temporal y a los procesos de promoción del personal.

“Diferentes comunidades autónomas han adaptado ya su legislación de empleo público a este Real Decreto y a la Directiva europea. Sin embargo, en Castilla-La Mancha no se ha hecho aún, y nos encontramos con que la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha la contraviene en diferentes aspectos”, denuncia Payo.

“En la Administración de CLM, salvo en el SESCAM, no se reserva a personas con discapacidad el 7% de las plazas de funcionarios interinos; ni el 7% de las plazas de personal laboral temporal; ni el 7% de las plazas de promoción interna de funcionarios.”

“Tampoco puede alterarse el orden de prelación para la elección de las plazas adjudicadas en oposiciones en función del grado de dependencia personal, circunstancia que sí prevé el artículo 9 de la Directiva europea.”

“Y para acceder a una plaza de funcionario docente interino no se tiene en cuenta la transversalidad de la normativa de discapacidad y se requiere obtener una nota de 5 para entrar a formar parte de la bolsa preferente de interinos, impidiendo en la práctica que se destine el 7 % de las plazas de docentes interinos a personas con discapacidad.”

“En resumen, se están perdiendo muchos empleos públicos para personas con discapacidad en el sector público de CLM por una legislación deficiente, cuya adaptación a la normativa europea venimos reclamando con insistencia como, nos consta, también viene haciendo CCOO”

Por su parte, Arroyo subrayó que también las corporaciones locales deben reservar a las personas con discapacidad el 7% de sus ofertas de empleo, ya sea empleo fijo o temporal; y ya se trate de proveer vacantes como de promocionar.