"¿Hacia un nuevo modelo de protección social?"
➤ Artículo de opinión de Susana Hernández del Mazo, secretaria provincial de Programas y Áreas Sectoriales de Ciudadanos Toledo
El
pasado 27 de diciembre leía en prensa un artículo referente a la
aprobación en Consejo de Gobierno de la toma en consideración del
anteproyecto de la Ley de Garantía de Ingresos y Garantías
Ciudadanas, a partir de unas declaraciones conjuntas de José García
Molina e Inmaculada Herranz a los medios.
Y
tras leer por segunda vez el texto (por interés real hacia el tema,
que no por la insana intención de “buscarle los tres pies al gato”
ni al continente ni al contenido) comenzaron a aflorar en mí un
sinfín de interrogantes.
El
primero de ellos por la expresión de “hoy somos más iguales”
que el vicepresidente segundo del Gobierno regional aseveraba
celebrado ya el Consejo, puesto que el texto –continuaba en su
disertación- posicionaba a Castilla-La Mancha a la altura de otras
regiones de España y de Europa más avanzadas en protección social.
Nadie a día de hoy pondría en cuestión la necesidad de poner en
marcha, desde los poderes públicos, políticas y acciones en
diversos ámbitos que aseguren la promoción de los derechos
económicos, laborales, de protección de la salud, así como de
ciertos niveles de ingresos, de sus ciudadanos, pero, y he aquí
donde comienzan mis dudas razonables, la protección debe estar
sustentada sobre un sistema sólido que dé respuestas de calado (y
por tanto soluciones y no meros parches a corto plazo) y que sea una
herramienta para conseguir un fin…y no el fin en sí mismo.
Tampoco
encontré demasiado sentido al hecho de intentar posicionarnos junto
a otras regiones españolas o europeas. Sí resulta incuestionable
que las experiencias de éxito en materia social, pueden
ser consideradas referentes, siempre y cuando las condiciones desde
las que se parte sean, cuanto menos, similares. La sostenibilidad del
sistema de bienestar es un tema a debate. No se pone, por tanto, el
foco ni se cuestiona la necesidad de incrementar el gasto en política
social, pero sí en hacerlo en condiciones de gestión más eficiente
y de verdadero y continuado alcance para quien es el perceptor
último.
Eché
en falta en el contenido del artículo, y de cuyo anteproyecto
consideraban sus autores “nuevo modelo de protección social”, la
incursión de un paradigma que incluya no sólo acciones, sino un
cambio significativo en la forma de concebir la protección. Recurrir
a la fórmula de la renta garantizada como derecho subjetivo, ni
introduce nada que no hubiese anteriormente ya bajo el paraguas de
otra designación/fórmula, ni desde luego, y siempre en mi humilde
opinión, más lacerante, no “transforma” ni influye
significativamente en la vida de las personas más allá del tiempo
finito en el que se materializa la protección. Y la razón de ser de
su concepción como “tiempo finito” es precisamente que sirva de
trampolín para hacer factible el desarrollo de oportunidades para
mejorar la calidad de vida de las personas, y no hacerles
benefactores de una renta que cronifique su situación y desvirtúe
su potencial real como sujetos individuales protagonistas de su
devenir vital.
Tampoco
entendí bien la referencia que se hacía al derecho de garantías
complementarias una vez satisfechas las necesidades de las familias,
que priorizaba el acceso a servicios públicos como la educación, la
vivienda, el transporte y el acompañamiento para la inclusión
social y laboral. ¿Aludía quizá a que además de la renta
garantizada se garantizaba –valga la redundancia con permiso del
lector- el acceso a otros servicios comunitarioscon alguna
suerte de prioridad sobre el resto de la ciudadanía en base,
supongo-imagino-y así quiero creer, a criterios totalmente
objetivos, cuantificables y objeto de control y seguimiento
exhaustivos?
También
me generó dudas, el amplísimo consenso del que se habla y
se presume que se cuenta desde los colegios profesionales, las
asociaciones de vecinos, organizaciones sociales y consejerías.
¿Desde ningún sector se cuestiona el calado real del modelo sobre
las personas beneficiarias? ¿Y la necesidad previsible de
financiación extra con respecto al sistema ya existente? ¿Y la
estabilidad y sostenibilidad en el tiempo del “nuevo modelo de
protección social”?
Por
último, se hablaba del retorno económico para la región, tal y
como indicaba en su Informe la Universidad de Castilla-La Mancha,
cifrando en 1.000 nuevos empleos (¿se introducen las variables de
calidad y ausencia de precariedad? ¿se prevé una mejora real de la
empleabilidad de la población?); Aumento de la producción de 90
millones de euros (¿En concepto exactamente de qué?); Y un retorno
positivo de 2,9 millones de euros (¿Hacía, quizá, referencia al
aumento del poder adquisitivo de los perceptores de la protección
temporal y por ello del aumento del consumo? Si la respuesta es
afirmativa, mejoraría la calidad de vida con la misma frugalidad que
se disfruta un espejismo en el vasto desierto).
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