diciembre 12, 2017

La posible nulidad del POM 'no supone la devolución del IBI'


El abogado Sánchez Garrido Juárez ha participado en una interesante Jornada informativa sobre el POM de Toledo y su histórica polémica en la sede de Fedeto, ante medio centenar de empresarios de la ciudad


Joaquín Sánchez Garrido Juárez ha aceptado la invitación de la Federación Empresarial Toledana para abordar este tema ante más de 50 empresarios y varios medios de comunicación de la ciudad con el fin de informar, como experto en urbanismo, sobre el origen del conflicto, su situación actual y el análisis de los efectos de la posible nulidad del POM. 

En declaraciones a los medios Sánchez Garrido ha dicho que "una posible  nulidad del POM no supondrá una devolución masiva del IBI en ningún caso" y en este sentido ha explicado "todos los IBIs son liquidaciones tributarias, son actos administrativos y si son firmes y consentidos la nulidad sobrevenida de un planeamiento no lo afecta en ningún caso, por tanto esa rumorología es completamente falsa". Desde este punto de vista, ha añadido el abogado, "el Ayuntamiento actuará conforme le marquen otras administraciones".

En esta línea ha recordado que el IBI lo marca una ponencia de valores que redacta la Gerencia del Catastro, que depende del Ministerio de Hacienda, y el Ayuntamiento se limita simplemente a recaudar y a aplicar un tipo impositivo con unos valores que le vienen dados". Y así, ha reiterado, "una posible nulidad del POM no supondrá un cataclismo económico-financiero".

En la jornada con los empresarios Sánchez Garrido ha querido contar "la historia completa, la historia judicial del POM, después de que tantas resoluciones judiciales hayan  provocado una cierta confusión tanto entre los empresarios como en la ciudadanía", ha dicho, añadiendo que "conocer el origen del problema, porque al final en estos procedimientos judiciales se habla de todo menos del POM, el POM ha sido una excusa y aquí lo que ha estado en solfa es la propia normativa autonómica, que ha terminado de afectar no solo al POM de Toledo, sino a otros planes generales".

En su charla ha ido desgranando esos diez años de procedimientos judiciales, desde su origen hasta la situación actual, qué es lo que ha pasado, porqué ha pasado, porque se sigue recurriendo y eso eso realmente tiene una justificación jurídica.

En cuanto a la clave de todo este asunto, Sánchez Garrido ha asegurado que "nada se hizo mal" y que si se tratara de una novela la titularía "Nunca cumplir la ley fue tan caro". A su juicio el origen del problema está en 1998, cuando se aprueba la Ley del Suelo de Castilla-La Mancha y "se aprueba con la redacción de un precepto, en principio absolutamente legal y constitucional", además, añade "hay que tener en cuenta que tres meses antes se aprueba la Ley del Suelo estatal y cuando el Estado advierte ante la publicación de una ley autonómica que hay algún atisbo de inconstitucionalidad, que se han pasado de frenada, automáticamente se produce un recurso de inconstitucionalidad y no es el caso". 

Así las cosas tanto el precepto autonómico y estatal para redactar el POM de Toledo "nunca ha estado en cuestión" y por tanto, "nadie podía prever lo que ha ocurrido". Ese mismo precepto, ha subrayado Sánchez Garrido, "ha sido analizado en multitud de ocasiones por el Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha y nunca ha cuestionado su constitucionalidad". Por lo tanto, considera que "el problema no estaba en el POM sino en la Ley". "La paradoja -continúa- es que el precepto que ha sido declarado inconstitucional ya no está en vigor cuando se declara, hay otro. El presunto precepto legal que se ha vulnerado, cuando se dicta la sentencia, tampoco está en vigor y es más, el actual precepto que regula la Ley estatal, válida lo que la administración regional y estatal han hecho". Por tanto, considera que "todo es un poco surrealista".

De esta forma insiste en que "el problema no está en el POM sino en una compleja situación jurídica". Ante este panorama, la actuación que ha seguido el Ayuntamiento de Toledo en todo este proceso ha sido correcta, "no hay nada que reprocharle". "Realmente atisbo una injusticia en este asunto que al final la Administración local está vinculado por sus propios actos, ese es el planeamiento que tenía aproado y tenía que defenderlo y luchar por el".

A partir de ahora, entonces, habrá que esperar a la última resolución del Tribunal Supremo" y si finalmente "deviniera la nulidad, el Ayuntamiento tendrá que hacer lo que ya ha anunciado, tendrá que florecer el plan del 86 e intentar tramitar a la mayor brevedad posible modificaciones puntuales de ese texto normativo para adaptarlo a la realidad actual de la ciudad, a los efectos al menos de su suelo urbano consolidado, de tal forma que incorpore todo lo que se ha desarrollado desde el año 2007 hasta la fecha y paralelamente trabajar en un nuevo plan", ha explicado Sánchez Garrido.

Para terminar, ha asegurado que aunque se declare la nulidad del POM de Toledo "no se abre un agujero negro que succiona todo y nos quedamos en un espacio de vacío o de limbo, porque tenemos una norma, la del 86, que sirve como sustento". Hay que tener en cuenta también, apunta, que "la nulidad de un plan no provoca la nulidad de los actos administrativos, se podrá seguir funcionando".

Así pues, considera, que "no hay que rasgarse las vestiduras, ni generar dramas donde no lo hay".



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